Documento del Foro por una Justicia Independiente: ...Preferimos jueces que velen por los más débiles, por el respeto a los derechos humanos y las libertades públicas y privadas de las personas y, fundamentalmente, comprometidos con la defensa de la Constitución, lo cual no ocurre en nuestra provincia.
Ante la gravedad de las declaraciones formuladas por el Dr. Fernando R. Franco, realizadas a través de los medios de comunicación, el Foro por una Justicia Independiente entiende que debe ser juzgado por mal desempeño en sus funciones a través de un juicio político en virtud de que fueron expresadas por aquél como miembro del Superior Tribunal de Justicia. Además, el comportamiento de este magistrado refleja y revela la profunda degradación institucional que atraviesa la justicia chaqueña por cuanto las manifestaciones señaladas son de extraordinaria gravedad institucional. Se suma a nuestras preocupaciones, la desnaturalizada y distorsionante intervención de la JUFEJUS, que avaló la continuidad de los nombramientos inconstitucionales de los jueces Ávalos, Franco y Toledo.
Mal desempeño del Dr. Franco
Por sus despreciables manifestaciones, debe ser sometido a Juicio Político
Tal cual se manifestaran los distintos sectores en el curso de los últimos días, las expresiones del Doctor Franco fueron claramente despreciables en virtud de que transmitió pensamientos intolerantes, que fueron abiertamente antirrepublicanos y antidemocráticos. Ha llegado a maltratar -sin ningún escrúpulo- a funcionarios, entidades y organizaciones con el solo fin de defender lo indefendible, que es su nombramiento inconstitucional como miembro del Superior Tribunal de Justicia.
El doctor Franco demostró que no tiene o que perdió las condiciones personales para continuar desempeñándose como Juez, circunstancia grave que se suma a su irritante nombramiento irregular, que se consumó por la sola y exclusiva voluntad del ex gobernador Ángel Rozas, seguido de las aceptaciones espurias de los que irregularmente se beneficiaran a través de los nombramientos inconstitucionales. Este funcionario público dejó de lado todas las cargas y obligaciones que pesan continuamente sobre los ministros del Superior Tribunal, comportándose de manera desopilante y descomedida. Atacó la independencia de los otros dos poderes del Estado y a la libertad de prensa, que son pilares fundamentales del Estado de Derecho. Es evidente que se comportó al amparo de la sensación de impunidad que desde hace varios años se ha instalado en el poder judicial, lo que ha provocado el descreimiento generalizado de la comunidad porque la justicia fue perdiendo independencia, transparencia, neutralidad y eficiencia.
Auspiciamos que los jueces hablen no solo a través de sus sentencias. Pero cuando presenciamos manifestaciones como las del doctor Franco, se coloca al Superior Tribunal en el peor de los lugares que nos podamos imaginar. Antes de las expresiones de este juez era impensado suponer que se pudieran manifestar en los términos en que lo hizo, lo que finalmente puso en evidencia las verdaderas ideas, convicciones y conductas de los miembros de nuestro más Alto Tribunal.
Preferimos jueces que velen por los más débiles, por el respeto a los derechos humanos y las libertades públicas y privadas de las personas y, fundamentalmente, comprometidos con la defensa de la Constitución, lo cual no ocurre en nuestra provincia. Los nombramientos irregulares de los jueces Ávalos, Franco y Toledo de por sí reflejan que quiénes deberían custodiar la Constitución la violaron a partir de sus propias designaciones, lo cual es una circunstancia aberrante que denota una profunda carga de inmoralidad y desfachatez, continua y permanente, lo que quita toda autoridad al órgano de gobierno del poder judicial.
En definitiva, las manifestaciones del doctor Franco demuestran que hemos tocado fondo en el largo proceso de degradación institucional que atraviesa la justicia, realidad que ha sido reiteradamente denunciada por el Foro. A la ilegitimidad de origen que ha significado su nombramiento inconstitucional, que motivará la iniciación de la acción de inconstitucionalidad que debe promover el Fiscal de Estado tal cual se dispusiera por decreto dictado por el actual gobernador, el doctor Franco acaba de sumar una típica causal de enjuiciamiento por su mal desempeño como ministro del Superior Tribunal de Justicia, de manera que quedará expuesto a un juicio político que puede conducir a su destitución.
El documento corporativo de la JUFEJUS
La desnaturalización o distorsión de sus objetivos
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) es una superestructura que tiene la función institucional de fijar lineamientos jurídicos y de política judicial para un mejor funcionamiento de la justicia en todo el país.
Contradictoriamente, reaccionaron de manera corporativa y de inmediato ante la solicitud de su par chaqueño en crisis personal, actuando como una entidad que se coloca por encima de los tres poderes del Estado chaqueño, arrogándose la autoridad de acudir ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que tome intervención en asuntos internos de un estado provincial autónomo. Incluso, se atrevieron a solicitar al gobernador del Chaco que reviera decisiones ya adoptadas, fijando los parámetros a los que debería fijar su desempeño.
La posición de la JUFEJUS importa una absoluta ignorancia o desconocimiento, voluntario o involuntario, de las pautas fijadas por la Constitución chaqueña, que ordena que los nombramientos de los jueces deben estar precedidos de concursos de antecedentes y de oposición. Y esa ignorancia o desconocimiento intenta ser llenada con el pretexto de la inmunidad jurisdiccional, de la inamovilidad funcional de los jueces del Superior Tribunal de Justicia y la supuesta defensa del sistema federal que dicen preservar, aunque para ello viola la autonomía provincial.
En vez de analizar los nombramientos irregulares de tres de los cinco miembros del Superior Tribunal, la JUFEJUS reaccionó corporativamente para que continúen y persistan las violaciones inconstitucionales que suponen los nombramientos de los doctores Ávalos, Franco y Toledo, no advirtiendo –voluntaria o involuntariamente- que son jueces de facto. O sea que en vez de fijar lineamientos jurídicos y de política judicial que activen un mejor funcionamiento de la justicia chaqueña, la Junta auspicia que los tres jueces nombrados inconstitucionalmente continúen exentos de respetar la Constitución, lo cual constituye un mayúsculo disparate a pesar de que como jueces debemos pensar que saben que son insanablemente nulas las ilegitimidades de orígenes por violación de la Constitución.
Por último, señalamos que si bien la JUFEJUS tiene todo el derecho de hacer públicos sus opiniones y criterios, carece absolutamente de atribuciones para intervenir en asuntos internos de las provincias, menos en casos de la gravedad que significa nombrar irregularmente a jueces del Superior Tribunal de Justicia. Tampoco tiene legitimidad para formular recomendaciones a gobernadores. Y si recurre a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe reclamar por la vigencia de la Constitución y no a favor de colegas que accedieron a sus cargos a través de leyes amañadas y de la voluntad política de un gobernador de turno, para generar una justicia adicta y complaciente, como garantía de impunidad frente a actos de corrupción de la propia gestión. De esa manera la JUFEJUS podría colaborar en el mejoramiento institucional del Chaco y, fundamentalmente, en la recuperación de una justicia independencia, neutral, transparente y eficiente, que sea útil a las mayorías sociales, especialmente a los más débiles e indefensos, administrando justicia con equidad.
RESISTENCIA, 6 DE ENERO DE 2010.-
Rolando Núñez, María Inés Pilatti Vergara, Daniel San Cristóbal, Carlos Martínez, Armando Benítez, María Teresa Penas, Manuel Aguirre Ayez, Ángel Aguirre Hayes, Walter Obes
la caricatura es de acá
