Pantalla partida

Blanco sobre negro por 2

De la semana que se fue tomamos dos elementos para el análisis. Hacemos pantalla partida Nación/Provincia

I La Nación

Cuando Néstor Kirchner y Cristina Fernández imaginaron el proceso, tal vez lo pensaron igual o mas de empinado. Un cuesta arriba sin embrague, camión y acoplado y cargado al tope. Así es, y es lo que pasa cuando la política se hace cargo de su parte y disputa por su lugar con los tradicionales dueños del país y del mundo, que son las corporaciones.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), como harto se dijo, fue escrita por el pueblo.

Se escribió desde que la dictadura impuso su “ley” de medios. Despacio, debate por debate, ladrillo por ladrillo. Alfonsín fracasó, Menem la empeoró. Recién en 2004, la entonces “Coalición por una Radiodifusión Democrática” –hoy …por una Comunicación Democrática o CCD- llego con los “21 puntos”, un colectivo de sectores sociales, políticos y de la comunicación con pertenencias diversas pero con la claridad para ver hacia donde estaban yendo las comunicaciones en el país (y en el mundo).

Recién en 2009, con un fuerte debate social a lo largo y ancho del país y con una decisión clara de quienes conducían el proceso político, se logro la sanción de una Ley con amplio consenso nacional.

La reserva moral de las corporaciones –el Poder Judicial- , especialmente cuando el pueblo avanza, se encargó de limitar su vigencia, y pugnan –sectores judiciales y corporaciones- por cortarle las alas. El 10 de octubre se cumplen 4 años de su (no) vigencia en forma plena.

(Néstor y Cristina habían anotado el resultado electoral de 2009. Y varias de las decisiones mas importantes del último quinquenio se tomaron luego de “escuchar al pueblo en las urnas”. Es bueno que quienes salen a criticar las decisiones que se toman luego de las elecciones reflexionen sobre el alto contenido democrático de éstas, sino ¿para que votamos?. Y me refiero a decisiones, no efectismo, algo que se debe tener en cuenta cuando leemos mas abajo el punto II)   

La CSJN en el centro de la escena

El máximo órgano judicial del país tiene la pelota. La pisa, la amasa, pero no decide su juego ¿o ya está decidido?

La convocatoria a Audiencia Pública, bastante parecida a una maniobra dilatoria, en realidad terminó siendo un buen resumen para los sectores populares.  La Corte salió del proceso indemne, y me animo a decir que la audiencia le permitió capitalizar a favor de una imagen que comienza a estar desgastada. Desgaste que, paradójicamente, tiene también su origen en el trámite dilatorio que la propia Corte supo darle a la LSCA.

La visibilidad de la audiencia y su profundidad ayudó a la Corte, y también a la Ley. Notable, el principal medio del Grupo Clarín, pareciera que anticipándose a que la mayor visibilidad del debate lo perjudicaría, no puso el tema en tapa en toda la semana. Haciendo como que la noticia no fuera trascendente, como si fuera el debate de un privado contra otro, como si el tema no tuviera relevancia para “la gente”. La Nación siguió a pie juntillas la estrategia de su principal aliado.

Pero como lo dijo el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, “Además de las partes en este expediente, hay un país afuera”

Prendieron la luz

Basta invertir unas horas de nuestro tiempo escuchando las diferentes posiciones para poder comprender lo que está en pugna. Aún olvidándonos la historia o simulando ser un turista extranjero que recién aterriza, esas pocas horas de video nos permitirían comprender cabalmente lo que se debate.

Para el Grupo Clarín, la libertad de expresión es equivalente a permitir el libre mercado en la materia, libre mercadismo es sinónimo de  libertad de opinión en su manual de estilo. Como aquella brutal frase de su comunicador estrella "¿Quién carajo va a escuchar la radio de los wichís?", el único grupo que resistió judicialmente la Ley llama “economías de escala” a multiplicar por 400 (o más) cada tipeo de un cronista. La información como derecho, la diversidad de la comunicación y el respeto a la plena vigencia de la democracia con la información como bien esencial se reduce a una ecuación económica.

Para el Estado, la protección de la “flora y fauna” mediática es clave para garantizar la plena vigencia de la Constitución. Multiplicidad de voces por encima del negocio, sin negarlo y sin negar la justa retribución empresarial, pero con reglas para que los peces grandes no se coman a los peces chicos… y se tomen el agua de la pecera.

La Plaza 

Frente al Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle, estaban (estábamos) los otros. Los empecinados defensores de la comunicación como un bien social que aportan con su presencia  e ideas al debate.

Muchos kirchneristas. Pero muchos que no. Muchos de los que no cayeron en la trampa polarizante que el grupo que resiste fue tendiendo –desde aquella pantalla partida que igualaba a Cristina Fernández o al Congreso debatiendo con los sectores que cortaban rutas presionando por sus agrodivisas-.

Multiplicidad de actores: artistas, militantes de la cultura, periodistas, trabajadoras y trabajadores de los medios, cooperativistas, pueblos indígenas, vecinas y vecinos de a píe y hasta empresarios de la comunicación en serio, multicolores presencias de un arco que supo interpretar la importancia de lo que se discute. Igual que el Grupo, que también sabe interpretar lo que se discute aunque es contra sus intereses.

Notable: cuando Néstor Piccone –una de las figuras de la CCD y uno de los dos oradores de cierre de la actividad popular en la Plaza- mencionó uno por uno a los miembros de la Corte se levantó una fuerte rechifla. El orador pidió silencio y desgranó algo así como “ésta es la Corte de los Derechos Humanos, nosotros venimos a pedir por un derecho humano. Le pedimos a la Corte que esté a la altura de su historia”. Una fuerte ovación corrió por la plaza rompiendo el silencio.

II. La Provincia

Preocupante acción del Ministro de Gobierno fue denunciada ésta semana por una Jueza de Faltas.

Ante las críticas en materia de seguridad que viene recibiendo el Gobierno Provincial se evidencia cierto nerviosismo. Lo peor que puede pasar en seguridad es buscar decisiones efectistas, peor aún tomarlas con nervios. Acciones sí, efectismo no.

Parece que esos nervios hicieron caer en el olvido al Ministro, que no es un político que recién empieza. Las presiones sobre los jueces no son de buenos gobernantes. Si cree que corresponde juicio político no corresponde anunciarlo, hay que hacerlo. Si alguien con poder le anuncia a un par o a alguien con menos poder que lo ejercerá en su perjuicio, no lo anuncia sino que lo amenaza.

Esto pasó en la Provincia en la historia reciente. Los dos gobernadores anteriores a Jorge Capitanich lo hicieron, les fue bastante bien porque controlan una buena parte del Poder Judicial y un poco mal porque perdieron las elecciones. Pero a la Provincia le fue muy mal, magullamos y empeoramos las instituciones y las inutilizamos a sus fines.

La Ley de Seguridad, flamante legislación que todavía el Gobierno no ha cumplido en buenas partes, merece ser aplicada. Como también los cambios en políticas judiciales. Pero la cosa no se resuelve apretando jueces y haciendo la vista gorda con los que administran el sistema judicial.

Afirmaciones para tener miedo 

Además el Ministro dijo algo para pensar:

 "yo voy a priorizar en primer lugar la seguridad de las personas. Y en segundo lugar la legalidad que tiene que haber en las detenciones.”

Esa afirmación es equivalente a decir “El Estado Soy Yo”.

¿Es incompatible para el Ministro legalidad con seguridad?

¿Será mucho pedirle al Ministro que garantice la seguridad de los chaqueños en el marco del respeto a la legalidad? Digo, porque lo diferente es convertirnos al millón de chaqueños en delincuentes por si acaso y hasta que demostremos lo contrario.

Nota publicada en el Diario Primera Línea del 01-09-2013
La ilustración es un volante que circulaba en el referido acto de Plaza Lavalle

Derechazo

El derechazo judicial

El título no referencia una posición ideológica (aunque podría hacerlo) sino  a la figuración de un fuerte golpe que alguien da a otro. Es que la semana vino cargada de novedades judiciales, especialmente en materia de pronunciamientos contra leyes y políticas del Poder Ejecutivo. Varios derechazos. 

Tres  pronunciamientos en forma de acordadas (que se agregan a una de la semana anterior) y dos pronunciamientos en formas de sentencias. De los seis pronunciamientos, cinco son de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

La reforma judicial

Cuando la presidenta Cristina Fernández el 1º de marzo ante el Congreso de la Nación anunció el inicio de un proceso de reformas judiciales, también advirtió el comienzo de un camino sinuoso cuyo final se desconoce. CFK tenía para sí que los frutos de sus anuncios no se verían en poco tiempo y –tal vez- que ni siquiera al finalizar su mandato vería una parte importante de ellos.

Ya lo dijimos la semana pasada: el judicial es el poder del Estado menos sujeto a la voluntad popular. Sus reformas dependen de una gran voluntad de transformación en el tiempo, de procesos políticos que nunca duran en el tiempo.

La presidenta sabía -sabe- los bueyes con los que está arando, por lo que se deduce que su objetivo fue abrir el debate para la posteridad, instalar la complejidad del tema y advertir sobre unos de los límites de nuestro sistema democrático institucional.

Unánimes acordadas…

Algún medio hablo de veto, facultad que nuestra Constitución otorga al Poder Ejecutivo, pero perfectamente aplicable a la situación.

Es que la CSJN por tres diferentes acordadas “vetó” a su manera leyes aprobadas por el Congreso de la Nación y promulgadas por el Poder Ejecutivo. Se pronunció sin mediar causa judicial haciendo ineficaces leyes vigentes en la república.

Así declaró inaplicables:

a) El artículo 4 de la Ley 26.856, que la obliga a transparentar con 5 días de anticipación “las cuestiones a dirimir en los acuerdos y reuniones que lleve a cabo” y “que tengan por objeto el dictado de sentencias, acordadas o resoluciones”. ¿tendrán algo que ocultar?

b) El artículo 6° de la Ley N° 26.857 que establece como autoridad de aplicación de la Ley que regula las declaraciones juradas patrimoniales a la Oficina Anticorrupción. Así pone bajo su jurisdicción el control y difusión de esa información, esquivando cualquier ojo extraño a la propia CSJN.

c) El ingreso por concurso establecido en la Ley 26.861 a sus propios funcionarios y empleados y a los que dependen de “la estructura central de gobierno y administración del Consejo de la Magistratura”. O sea, ingreso a dedazo.

La semana pasada la Corte había dejado boyando la Ley 26853 declarándola no operativa.

Las cuatro son leyes constitucionales y producto de aquellos anuncios de la Presidenta y fruto de un intenso debate. De un plumazo se suspendieron, modificaron, relativizaron… en fin, el autogobierno judicial vetó las leyes.

…y dos sentencias

Encadenados (por lo menos en mi opinión) aparecieron dos pronunciamientos.

Uno de la CSJN que impidió al Estado poner en discusión ante ese órgano por una supuesta presentación fuera de término. Nada menos que en el debate sobre la escandalosa entrega de Carlos S. Menem del predio ferial a la Sociedad Rural.

Se ve que los almanaques o los análisis que se hacen de ellos son muy complejos: la decisión tuvo dos votos en contra, uno nada menos que del propio presidente de la CSJN

El otro fallo, de menor jerarquía en cuanto al rango del tribunal –un sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial- suspendió la aplicación del artículo 20 de la Ley de Mercado de Capitales, que permite la intervención de la Comisión Nacional de Valores (CNV). En realidad el fallo, dictado por una presentación de un socio minoritario del holding de Noble-Magnetto, es de la semana anterior y tuvo nula difusión. Esta “modesta” medida cautelar bloquea una de las reformas económicas medulares de los últimos tiempos que tiene por objeto impulsar la inversión productiva y no especulativa, y si bien ha sido dictado para éste caso planteado en particular no hay que descartar “efecto cascada”.

La Corte que supimos conseguir

Cuando corría el año 2003 la desazón sobre la corte menemista les/nos había ganado a muchos. Un gran camino con destino a una negociación corrupta con esos jueces era, parecía, lo único posible. Y esos jueces representando lo peor de la corporación económica y política de nuestro país.

Néstor Kirchner, con una representación débil surgida de las urnas ideó movimientos al todo o nada, poniendo en juego su poco (todo) capital político.

El resultado fue política e institucionalmente impecable por tres: 1) la huída de los cortesanos vía juicio político con mayorías abrumadoras en el Congreso y de diversos sectores políticos; 2) impensable para la época, el decreto 222 del 19/06/2003 –de autolimitación de facultades del Poder Ejecutivo- donde la sociedad puede opinar sobre las postulaciones que además fueron ampliamente difundidas con información sobre los postulantes; 3) juezas y jueces altamente prestigiosos por su nivel académico, verdaderamente independientes pero a su vez con cierta historia de compromiso político.

Cuando todo parecía oscuro el proceso que impulso Kirchner produjo un giro a 180 grados de los cuales surgieron 2 jueces y dos juezas de los siete hoy en funciones, los tres restantes fueron designados 2 por Raúl Alfonsín y 1 por Eduardo Duhalde.

Esa es la Corte que hoy, cual tortuga, se mete en su caparazón corporativo. En el medio ¿qué paso? Difícil saberlo en su totalidad y menos desgranar un análisis en pocas líneas. Lo cierto es que el proceso de reformas al sistema judicial es necesario y la Corte lo resiste, incluso con fuertes sospechas de relaciones con las corporaciones económicas de algunos de sus integrantes. Por esas cosas del destino, el mismo órgano que simbolizó la ruptura de los ’90 se empeña hoy en desgranar sobre el ring sus derechazos al gobierno.

¿Fin de época de la Corte? Tal vez, o tal vez las definiciones respecto del próximo tema que abordo lo indique.

¿Esta semana preparan otro derechazo?

La CSJN le está dando vueltas al tema.

Es que debe resolver la constitucionalidad de algunos artículos de una ley con un gran simbolismo como lo es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Ley que fue parida por movimientos sociales y políticos que la militaron por décadas y votada por un Congreso compuesto por parlamentarios de diferentes colores partidarios.

Claro, del otro lado está uno de los grupos económicos mas poderosos de nuestro país que ha logrado demorar  cuatro años la aplicación plena de la Ley y polarizar política y socialmente defendiendo lo que para la sociedad debería ser indefendible.

Poderoso enemigo popular, un sistema de información sin controles sobre su integración económica (el contenido no está regulado), es una bomba de tiempo sobre la sociedad y sobre cualquier gobierno. Sin embargo, algunos sectores sociales y políticos se sientan a upa de los medios concentrados no advirtiendo que el perjuicio de garantizar su continuidad es equivalente a mantener nuestra condición de ciudadanos-rehenes de una comunicación antidemocrática.

La comunicación democrática nos libera como pueblos y nos ayuda a pensar. Muchas voces no concentradas nos hacen mas ciudadan@s. La comunicación de los monopolios nos vende información interesada en sus propios negocios.

Pero es así, la Corte ha habilitado la eterna cautelar que mantiene el monopolio –aunque a veces su actitud fue otra- y ahora a convocado a una audiencia pública para discutir sobre 4 artículos de la Ley, su corazón de la regulación antimonopólica. Bienvenida la audiencia y el debate, aunque la mayoría de las cosas que se dirán ya se dijeron en éstas décadas de debate y especialmente en el proceso de sanción de la Ley.

Pero luego de la audiencia deberá decidir. No es el fin del mundo y ni siquiera el fin de la lucha por la comunicación democrática, pues la ley tiene 162 artículos mas. Pero la decisión será un símbolo de ésta Corte, de éste sistema judicial y del poder que mantienen –o no- las corporaciones por encima de las instituciones democráticas.

Publicado en Diario Primera Línea del 25-08-2013 
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Infinito y útil

El infinito (y útil) debate sobre la justicia

Esta semana Jorge Milton Capitanich descerrajó una de sus periódicas y espaciadas críticas al Poder Judicial chaqueño. El marco de esas críticas es su no tan convincente triunfo electoral, la creciente demanda en algunos sectores acerca de la inseguridad y, claro, la realidad de un Poder Judicial inútil a la demanda ciudadana (por orden de prelación en la preocupación del declarante).
JMC pateo el hormiguero, el viejo hormiguero que muy pocos quieren patear. Tranquilo, fue sólo una pequeña patadita que desacomodó estéticamente la tierra. Suficiente para la reacción del poder corporativo y para ayudarnos a pensar, por lo menos a pensar dado que la acción en la materia depende –por ahora- de un minúsculo grupo de elite al que no tenemos acceso.
Pensemos. 

Muy importante, casi el más importante 
El Poder Judicial es 1/3 (uno de los tres) poderes del estado. La libertad, los derechos y el patrimonio de los habitantes está en manos de los 3 poderes, pero claramente el judicial puede ser –lo es habitualmente- el mas poderoso.
Por ejemplo puede frenar –derogar en la práctica- una ley que los 32 legisladores, o su mayoría, sancionaron. O puede hacer ley una norma inexistente. Peor aún puede cambiar totalmente el sentido de una norma con su interpretación.
Igualmente, puede frenar una acción del Poder Ejecutivo, u ordenar la realización de una o varias en diferentes sentidos.
Todo ese poder en un Poder que además es contrafáctico a la voluntad popular, o por lo menos atemporal a ella en sus “mejores” momentos, dada la duración del mandato de los jueces –mientras dure su buena conducta y/o hasta la muerte en algunos casos- y la forma de elección que además contamina su origen. 

¿Cómo se construye el Poder Judicial? 
La cosa es así (léase en masculino y/o femenino): un legislador por la mayoría y otro por la minoría, un miembro del Poder Ejecutivo, dos jueces electos por sorteo –uno del STJ y otro del resto- y dos abogados elegidos por la matrícula.   
Ese es el poder que designa y juzga a los jueces. O sea, todo queda “en familia”, sólo 2 de 7 electos con participación popular –indirectamente-  y la rendición de cuentas ante la sociedad le cabe en el mejor de los casos sólo a esos dos.
Poder económico y/o poder político con un poco de ganas de moldear el Poder Judicial tiene la mesa servida. Los hubo, los hay. 

El Poder Judicial que se supo construir 
Está claro que su composición, mandato y forma de selección y remoción autonomiza al Poder Judicial. No lo transforma en independiente, lo autonomiza del pueblo, lo convierte en un Estado dentro del Estado y en un Gobierno dentro del Gobierno, con reglas propias que pueden o no estar escritas y pueden o no pertenecer al Estado de Derecho.
El proyecto más contundente, desde 1983 para acá, de moldear un Poder Judicial a su medida y/o de sus intereses  lo condujo Angel Rozas. Dentro de la autonomización y garantizándola armo su propio esquema de Poder judicial.
El primer obstáculo que tenía AR fue el armado de un STJ a medida y el mandato constitucional de concurso para llegar a él –incluido en la reforma de 1994-. La Gran Ángel fue ignorar ese artículo de la Constitución.
Además contó con la prolija asistencia y/o silencio de las representaciones gremiales abogadiles hoy alborotadas por la patadita al hormiguero de JMC.
Como actor de reparto de ese proyecto estuvo  además la “gente del gremio abogadil” del Partido Justicialista. La palabra reparto se puede interpretar en todos los sentidos posibles.
La irrupción de JMC en el 2007 hizo soñar con la ruptura de ese moldeo. Pero no. La falta de voluntad política transformadora en la materia del Gobernador y esa misma gente del gremio abogadil de su propio partido lo coopto.  La Gran Angel, con matices, continúa navegando. 

Un botón de muestra 
La anécdota no se difundió mucho. Pero es interesante.
Los vecinos autoconvocados por la seguridad organizaron una marcha al STJ, para hacer mas visible su reclamo y alertar sobre la inacción de los poderes del estado en la materia. La respuesta del Poder Judicial no tardó: llego con una orden de desalojo del propio Poder Judicial, aparentemente por “ruidos molestos”.
Una muestra del funcionamiento corporativo. La respuesta no es escuchar para solucionar, la respuesta es hacernos callar. 

Justicia y seguridad 
Convengamos que algunas veces se suele hacer demagogia cuando se abusa del término “puerta giratoria” o cosas parecidas. Me sonó un poco así lo de JMC, en especial cuando tiene sus responsabilidades en la materia.
 Generalmente se apela al poder de gestión –Ejecutivo- cuando se demanda seguridad y se enfatiza como sí fuera el único responsable.
Es cierto, la prevención y gestión de la seguridad demanda una marcada acción de quien administra un conjunto de servicios públicos que impactan sobre la seguridad. La educación, el acceso a determinados derechos sociales, el empleo, la presencia del Estado en el territorio, son elementos centrales –además de la policía- para garantizar seguridad.
Pero no debemos perder de vista que un Poder Judicial que funcione, que encarcele a los verdaderos culpables y libere a los inocentes, que atienda humanamente a las víctimas, que garantice el acceso de los sectores populares, que disminuya sus tiempos de gestión para ser realmente justicia, que investigue y por sobre todas las cosas priorice la justicia ante la impunidad  es INDISPENSABLE. 

La salida 
La salida es construir otro Poder Judicial. Con las buenas y buenos abogad@s,  y (l@spoc@s) buenas juezas y buenos jueces. Y especialmente con mayor presencia del pueblo.

Publicado en Diario Primera Línea del 18/08/2013

Juicio I - el STJ dice que no porque brablablebla

La historia es mas o menos así.
La justicia federal solicitó al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco sus instalaciones para el debate de la causa Caballero, el primero (esperemos) por crímenes de lesa humanidad en nuestra Provincia.
El STJ dijo que no. Y organizaciones de derechos humanos lo hicieron público. Oportunamente dimos cuenta de ello.
Tres diputados provinciales tomaron la situación y la expresaron en una iniciativa legislativa, lo que amplificó mas la absurda negativa. "Sueltame pasado" tituló un portal especializado, haciendo referencia a la relación de algunos jueces del STJ con ese pasado que se juzga en la causa Caballero.

Algunos portales publicaron una respuesta oficial del STJ.

Conclusión: mas vale no hubieran aclarado nada.
Primero, "actividades propias del Poder Judicial, que habían sido programadas con anterioridad, lo que implica la imposibilidad de diferirlas o postergarlas", lo que puede ser comprensible aunque la relevancia del tema merecía una excepción.
Segundo, "Además, la previsión era que las audiencias se extenderían hasta el mes de agosto, con lo cual la afectación a la utilización del Salón importaba un largo tiempo", epa, era un compromiso puntual o posibles compromisos futuros.
Tercero, "por ser de orden federal, todo lo relativo a la custodia propia del proceso debía ser garantizada por fuerzas federales (gendarmería), lo que implica que, si se realizaba en el ámbito provincial, podía ocasionar conflictos de competencia jurisdiccional, respecto a la eventual intervención de la Policía Provincial". Epa, epa, epa ¿será que la justicia federal es tan ignorante que no analizó la cuestión?
Cuarto, "El Alto Cuerpo consideró que la causa Caballero tiene características emblemáticas y, como tal, debía ser abordada en un ámbito federal, como corresponde a la naturaleza del proceso y su competencia". Bueeeee, entonces, ¿cual de las cuatro es la verdad?.

Yo pienso todo lo contrario a lo que desmienten: "no existieron razones personales de ninguno de los jueces del Superior Tribunal, al adoptar la mencionada decisión"
Es decir, pienso que el "sueltame pasado", es decir la implicancia personal e ideológica de miembros STJ en los postulados de la dictadura cívico-militar primó sobre sus responsabilidades institucionales.

La imagen es de acá

SARMIENTO

Podría hacer un copie&pegue de la frase introductoria del post anterior para hablar de la jueza Sarmiento, defendiendo a la mas rancia derecha argentina, pero el pirulo de tapa de Página/12 me exime de mayores comentarios. Va.

INTELIGENCIA

María José Sarmiento, quien en tiempo record aceptó dos medidas cautelares contra los decretos presidenciales que crearon el Fondo del Bicentenario y removieron de la presidencia del Banco Central a Martín Redrado, desapareció de los lugares que solía frecuentar, por lo que el Poder Ejecutivo anoche no podía apelar ambas medidas, pese a que como jueza de feria debería haber estado en su despacho. Si todo lo sucedido parece una operación de Inteligencia, no es por casualidad. El padre de la jueza es el teniente coronel Luis Sarmiento, quien durante la dictadura militar revistó en la Secretaría de Inteligencia del Estado. En 1982 fue delegado de la SIDE en la Sudáfrica del apartheid. Su representante legal en la SIDE era su colega Eduardo San Emeterio, otro oficial del Ejército, que a principios de la década de los ’60 cursó la Escuela de las Américas y la Escuela Superior de Guerra de Francia, cuna de la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria. Su hijo homónimo es un ex liceísta que defiende a la mayoría de los acusados por la masacre de Margarita Belén, a Luciano Benjamín Menéndez y a Cecilia Pando.

Preferimos jueces...

Documento del Foro por una Justicia Independiente: ...Preferimos jueces que velen por los más débiles, por el respeto a los derechos humanos y las libertades públicas y privadas de las personas y, fundamentalmente, comprometidos con la defensa de la Constitución, lo cual no ocurre en nuestra provincia.

Ante la gravedad de las declaraciones formuladas por el Dr. Fernando R. Franco, realizadas a través de los medios de comunicación, el Foro por una Justicia Independiente entiende que debe ser juzgado por mal desempeño en sus funciones a través de un juicio político en virtud de que fueron expresadas por aquél como miembro del Superior Tribunal de Justicia. Además, el comportamiento de este magistrado refleja y revela la profunda degradación institucional que atraviesa la justicia chaqueña por cuanto las manifestaciones señaladas son de extraordinaria gravedad institucional. Se suma a nuestras preocupaciones, la desnaturalizada y distorsionante intervención de la JUFEJUS, que avaló la continuidad de los nombramientos inconstitucionales de los jueces Ávalos, Franco y Toledo.

Mal desempeño del Dr. Franco

Por sus despreciables manifestaciones, debe ser sometido a Juicio Político

Tal cual se manifestaran los distintos sectores en el curso de los últimos días, las expresiones del Doctor Franco fueron claramente despreciables en virtud de que transmitió pensamientos intolerantes, que fueron abiertamente antirrepublicanos y antidemocráticos. Ha llegado a maltratar -sin ningún escrúpulo- a funcionarios, entidades y organizaciones con el solo fin de defender lo indefendible, que es su nombramiento inconstitucional como miembro del Superior Tribunal de Justicia.

El doctor Franco demostró que no tiene o que perdió las condiciones personales para continuar desempeñándose como Juez, circunstancia grave que se suma a su irritante nombramiento irregular, que se consumó por la sola y exclusiva voluntad del ex gobernador Ángel Rozas, seguido de las aceptaciones espurias de los que irregularmente se beneficiaran a través de los nombramientos inconstitucionales. Este funcionario público dejó de lado todas las cargas y obligaciones que pesan continuamente sobre los ministros del Superior Tribunal, comportándose de manera desopilante y descomedida. Atacó la independencia de los otros dos poderes del Estado y a la libertad de prensa, que son pilares fundamentales del Estado de Derecho. Es evidente que se comportó al amparo de la sensación de impunidad que desde hace varios años se ha instalado en el poder judicial, lo que ha provocado el descreimiento generalizado de la comunidad porque la justicia fue perdiendo independencia, transparencia, neutralidad y eficiencia.

Auspiciamos que los jueces hablen no solo a través de sus sentencias. Pero cuando presenciamos manifestaciones como las del doctor Franco, se coloca al Superior Tribunal en el peor de los lugares que nos podamos imaginar. Antes de las expresiones de este juez era impensado suponer que se pudieran manifestar en los términos en que lo hizo, lo que finalmente puso en evidencia las verdaderas ideas, convicciones y conductas de los miembros de nuestro más Alto Tribunal.

Preferimos jueces que velen por los más débiles, por el respeto a los derechos humanos y las libertades públicas y privadas de las personas y, fundamentalmente, comprometidos con la defensa de la Constitución, lo cual no ocurre en nuestra provincia. Los nombramientos irregulares de los jueces Ávalos, Franco y Toledo de por sí reflejan que quiénes deberían custodiar la Constitución la violaron a partir de sus propias designaciones, lo cual es una circunstancia aberrante que denota una profunda carga de inmoralidad y desfachatez, continua y permanente, lo que quita toda autoridad al órgano de gobierno del poder judicial.

En definitiva, las manifestaciones del doctor Franco demuestran que hemos tocado fondo en el largo proceso de degradación institucional que atraviesa la justicia, realidad que ha sido reiteradamente denunciada por el Foro. A la ilegitimidad de origen que ha significado su nombramiento inconstitucional, que motivará la iniciación de la acción de inconstitucionalidad que debe promover el Fiscal de Estado tal cual se dispusiera por decreto dictado por el actual gobernador, el doctor Franco acaba de sumar una típica causal de enjuiciamiento por su mal desempeño como ministro del Superior Tribunal de Justicia, de manera que quedará expuesto a un juicio político que puede conducir a su destitución.

El documento corporativo de la JUFEJUS

La desnaturalización o distorsión de sus objetivos

La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) es una superestructura que tiene la función institucional de fijar lineamientos jurídicos y de política judicial para un mejor funcionamiento de la justicia en todo el país.

Contradictoriamente, reaccionaron de manera corporativa y de inmediato ante la solicitud de su par chaqueño en crisis personal, actuando como una entidad que se coloca por encima de los tres poderes del Estado chaqueño, arrogándose la autoridad de acudir ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que tome intervención en asuntos internos de un estado provincial autónomo. Incluso, se atrevieron a solicitar al gobernador del Chaco que reviera decisiones ya adoptadas, fijando los parámetros a los que debería fijar su desempeño.

La posición de la JUFEJUS importa una absoluta ignorancia o desconocimiento, voluntario o involuntario, de las pautas fijadas por la Constitución chaqueña, que ordena que los nombramientos de los jueces deben estar precedidos de concursos de antecedentes y de oposición. Y esa ignorancia o desconocimiento intenta ser llenada con el pretexto de la inmunidad jurisdiccional, de la inamovilidad funcional de los jueces del Superior Tribunal de Justicia y la supuesta defensa del sistema federal que dicen preservar, aunque para ello viola la autonomía provincial.

En vez de analizar los nombramientos irregulares de tres de los cinco miembros del Superior Tribunal, la JUFEJUS reaccionó corporativamente para que continúen y persistan las violaciones inconstitucionales que suponen los nombramientos de los doctores Ávalos, Franco y Toledo, no advirtiendo –voluntaria o involuntariamente- que son jueces de facto. O sea que en vez de fijar lineamientos jurídicos y de política judicial que activen un mejor funcionamiento de la justicia chaqueña, la Junta auspicia que los tres jueces nombrados inconstitucionalmente continúen exentos de respetar la Constitución, lo cual constituye un mayúsculo disparate a pesar de que como jueces debemos pensar que saben que son insanablemente nulas las ilegitimidades de orígenes por violación de la Constitución.

Por último, señalamos que si bien la JUFEJUS tiene todo el derecho de hacer públicos sus opiniones y criterios, carece absolutamente de atribuciones para intervenir en asuntos internos de las provincias, menos en casos de la gravedad que significa nombrar irregularmente a jueces del Superior Tribunal de Justicia. Tampoco tiene legitimidad para formular recomendaciones a gobernadores. Y si recurre a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe reclamar por la vigencia de la Constitución y no a favor de colegas que accedieron a sus cargos a través de leyes amañadas y de la voluntad política de un gobernador de turno, para generar una justicia adicta y complaciente, como garantía de impunidad frente a actos de corrupción de la propia gestión. De esa manera la JUFEJUS podría colaborar en el mejoramiento institucional del Chaco y, fundamentalmente, en la recuperación de una justicia independencia, neutral, transparente y eficiente, que sea útil a las mayorías sociales, especialmente a los más débiles e indefensos, administrando justicia con equidad.

RESISTENCIA, 6 DE ENERO DE 2010.-

Rolando Núñez, María Inés Pilatti Vergara, Daniel San Cristóbal, Carlos Martínez, Armando Benítez, María Teresa Penas, Manuel Aguirre Ayez, Ángel Aguirre Hayes, Walter Obes

FORO POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE

la caricatura es de acá