Cuando el costo del
boleto es un viaje de ida
Los últimos días trajeron de nuevo al debate la
cuestión del pasaje del boleto urbano e interurbano, principalmente de
Resistencia.
Debate caliente si los hay por los intereses en
juego, pero principalmente porque miles de personas necesitan a diario del
servicio público para cumplir con sus obligaciones laborales, acceder a la
educación, ir al médico o desarrollar actividades sociales. De alto consumo
popular y motivo de dolores de cabeza diarios de quienes están con la plata
justa, o con menos de ella,
transportarse dignamente es un derecho esencial que es puente para el acceso a
otros derechos.
No es menor, el costo del transporte público
también es una de las causas del caos del tránsito.
El cascabel al gato
El cascabel es, sin dudas, las dos resoluciones
judiciales que dejaron sin efecto sendos instrumentos administrativos, uno
municipal (de Resistencia) y otro provincial, que establecieron en noviembre de
2012 sustantivos e injustificados aumentos tarifarios del 30% del transporte
público urbano e interurbano. Un cascabel a favor de los sectores populares
Identificar al gato es un poco mas complejo.
¿Los gobiernos o los empresarios? ¿o ambos? ¿y también alguna dirigencia
sindical?. Si fuera por el tamaño del maullido podrían ser los gobiernos, que
fueron la voz mas alta del descontento
contra las resoluciones judiciales. Pero prefiero identificar al receptor del
cascabel con una combinación de empresarios, algún que otro grupo sindical y
sectores políticos que comparten una común unión en pos de una jugosa tarifa
que les garantice un portensoso bienestar.
No está bien que nadie ponga sus intereses
individuales sobre los colectivos. Empresarios y sindicalistas hacen la suya, pero
la mayor responsabilidad recae sobre los funcionarios públicos, que deben
responder a mandatos populares y no al lucro o al beneficio personal.
Cuando las
instituciones funcionan
El autor de las
resoluciones judiciales, o sea, el que le puso el cascabel al gato, es un
simple juez –Julián Flores- de la desprestigiada justicia chaqueña.
Juez que tiene antecedentes de haber fallado ya
a favor de los “gatos” corporativos cuando en una resolución judicial le
prohibió a la ONG Encuentro por la Vida realizar acciones en contra de la
instalación de un shopping en una zona prohibida para ello de acuerdo al Código
de Aguas. Un resolución judicial absurda que cercena libertades elementales a favor
de un proyecto de inversión.
Es decir, un juez que no puede ser sospechado
de antiempresarial ni de perseguir al Municipio de Resistencia, dado que el
sistema de inversiones beneficiado con ese fallo tiene el aliento de Aída Ayala
y de cierto empresariado local.
Pero en ésta hay que darle la derecha al juez.
Casi nadie se anima a éstas decisiones y el se animó.
Hay que rescatar también que las acciones
tienen un fuerte impulsor, un actor nuevo en el sistema institucional que ya
debería haber estado funcionando hace casi 20 años: el Defensor del Pueblo. Esta institución, con reciente designación
en Gustavo Corregido, fue la impulsora de las decisiones judiciales. La
importancia del instituto del Defensor se visualiza en éstas acciones. (tal vez
por eso, cuando crearon la Defensoría un grupo de Diputados llenaron de
familiares y amigos la estructura burocrática del organismo, decisión por
suerte resistida por el Defensor y vetada por el Gobernador)
Resistencia: las
omisiones, la violencia y la carta orgánica
El juez Flores funda principalmente la nulidad
de la ordenanza municipal de Resistencia en dos aspectos: las omisiones y las
presiones para votar.
La omisión: el Concejo Municipal “se olvidó”
de incluir a los usuarios en la pomposamente llamada Comisión Mixta de Seguimiento y Control del
Trasporte, la que sugiere los aumentos de tarifas. En realidad esa Comisión
prevee una participación edulcorada de usuarios: “un representante de
los usuarios del servicio designados por cada uno de los bloques que integran
el Concejo Municipal de Resistencia”. Pero parece ser que para la dama de hierro
municipal hasta esa participación era mucho, así que no la convocaron.
Las presiones: aunque el Juez Flores consideró
suficiente para nulificar el aumento municipal la omisión citada en el párrafo
anterior, se detuvo a analizar el clima de la sesión. El jueves 8N (raro
concejo municipal en jueves, además de una jornada de protesta cacerolera) fue
un jueves negro para algunos concejales. Saul Medero y Alejandro Aradas se
plantaron y dieron el no al aumento, pero las concejalas Liliana Godoy y Clarisse Pasmanter y el concejal José Barbetti,
de acuerdo a Flores, fueron objeto de violencia e intimidación, lo que hace
nulo el acto administrativo.
Cada tanto dudo y gugleo (o sea, busco en
google), tal vez la existencia de la Carta Orgánica de Resistencia solamente es
un dulce sueño y el instrumento no existe. Pero goggle me lo recuerda, desde agosto de 2000 hay Carta Orgánica
que es sistemáticamente negada por las autoridades municipales. Y, para esto,
¿qué dice?. Por ejemplo dice en su artículo 70 que el Municipio protegerá a
usuarios y consumidores en relación a sus intereses económicos y que
garantizará sus derechos contra las distorsiones del mercado. También dice en
su artículo 71 que debe funcionar el Consejo de Defensa del Consumidor,
organismo que los resistencianos nunca vieron ni escucharon de su existencia.
Pero el desprecio de las instituciones de las
autoridades municipales es impresionante. La misma idea que llevó a Aída Ayala
a denostar a un simple juez por dictar fallos en contra de sus intereses es la
que la lleva a no implementar el Defensor del Pueblo que crea la Cara Orgánica
de Resistencia en su artículo 221 y subsiguientes. Y pensar que en el año 1999
y siendo Ayala una concejala presentó una ordenanza para crear el Defensor…
¿será que se olvidó o el poder emborracha?.
La Provincia: Otro
ministro que trae dolores de cabeza, y el antiboleto estudiantil
Como si Jorge Capitanich no tuviera suficiente
con el Ministro de Gobierno -que en su affaire contra la jueza Saidman esta
semana profundizó sus deslices mintiéndole a los diputados provinciales
respecto del pronunciamiento de la jueza-, en éste tema tiene a otro saezpeñense como lo es el Ministro de
Infraestructura Omar Judis que ha venido convalidando aumentos tarifarios
seriales.
El Juez Julian Flores en su fallo revocando la
resolución Ministerial de Judis que convalida el incremento tarifario del 30%
es muy contundente. Parece que el Juez la tuvo mas simple, pero lo del Ministro
es mas complicado.
Es que la defensa del Estado argumentó que la
decisión ministerial se sostuvo en aquella Comisión Mixta del Municipio de
Resistencia, ergo, dijo el Juez: si es nula la ordenanza del aumento por vicios
de constitución de la Comisión también lo es la Resolución ministerial que se
sustenta en ella.
Pero ¿puede ser cierto que un Ministerio
provincial sustenta sus decisiones en una comisión municipal? Si es así, ¿no se
podrá articular desde el Estado provincial instrumentos de control y
seguimiento mas poderosos que un municipio? o por lo menos ¿le contaron a Judis
quienes y como gobiernan el Municipio de Resistencia? No me cabe en la cabeza
que esa fuera una decisión política meditada.
Otra perla provincial: hay sectores impulsando
un boleto estudiantil gratuito para garantizar el acceso a la educación a los
sectores populares, pero si uno mira la evolución tarifaria provincial se
encuentra con una ingrata sorpresa. Desde que Judis es Ministro (o desde que
gobierna Capitanich) el boleto para los estudiantes primarios aumentó mas de un
40% que el boleto único, y el de los secundarios mas de un 28% que el boleto
único (igual que el de jubilados y pensionados). Todo un antiboleto estudiantil.
Como salir
Ya se dijo, el transporte público es esencial.
Y el Estado en todos sus niveles contribuye mucho en abaratar sus costos de
explotación: jugosos subsidios, exenciones de impuestos y tasas de todo tipo,
emergencias que disminuyen los requisitos de prestación. Es un gran esfuerzo de
toda la sociedad para que el costo del transporte sea razonable. No se trata de
prohibir aumentos ni de que los empresarios no ganen, se trata de razonabilidad
y transparencia.
No se sostiene mas la oscuridad. No se puede
explicar más el golpe al bolsillo en los
servicios públicos sin la participación de vecinas y vecinos. Claridad en los
números y un buen debate sobre la calidad de los servicios. Costos al aire
libre, difundidos, y audiencias públicas para discutir porqué y para qué.
(por razones de
espacio se omite hablar de Tarjebus, otra increíble decisión)
Publicado en Diario Primera Línea del 15/09/2013
